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Archivo mensual: noviembre 2016

La incapacitación judicial en la tercera edad.

En España los 18 años es la edad cuando se presume la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones y gobernar sus propios asuntos.

No obstante, no todas las personas tienen capacidad para ello. En concreto, las personas afectadas por enfermedades mentales o demencia senil.

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Es un hecho que con la edad avanzada se presentan este tipo de enfermedades de una manera mucho más frecuente. Cuando esto sucede suelen plantearse muchas dudas con relación a la capacidad de la persona para gestionar su vida, su alimentación, patrimonio, etc.

Cuando la enfermedad es obvia es cuando entra en juego la necesidad de incapacitar judicialmente a esa persona. Cuando se trata de un padre o una madre puede resultar un proceso incómodo e incluso doloroso para todas las partes.

Pero ¿en qué consiste exactamente la incapacitación judicial? ¿Qué objetivo tiene incapacitar a una persona adulta? ¿Cuales son causas de incapacitación judicial? ¿Qué consecuencias tiene para el incapacitado?

 

Qué es la incapacitación judicial  y que objetivo tiene

La incapacitación judicial es un procedimiento legal que puede iniciarlo el Ministerio Fiscal o los familiares de la persona mayor (conyúge, hijos, hermanos, nietos, etc…)

Se debe presentar una solicitud o demanda tras la cual se siguen una serie de trámites marcados por la ley, lo que incluye un examen exhaustivo de las pruebas que demuestren -o no- la incapacidad de obrar de la persona.

Una vez concluido el proceso, un juez es quien puede declarar la incapacidad de la persona, para su propio beneficio. En este caso se nombra un tutor que le asista.

Es un procedimiento judicial a instancia de parte o del Ministerio Fiscal. Se debe presentar una solicitud o demanda y, tras ésta, se siguen una serie de trámites marcados por la ley y se realiza un examen exhaustivo de las pruebas. Una vez concluido el proceso, un juez puede declarar la incapacidad de una persona, en su beneficio.

Si así fuera, se priva a ésta por completo (en raras ocasiones de modo parcial) de la capacidad de obrar. Se nombra, según el caso, un tutor o curador que velará por el afectado.

El objetivo de la incapacitación consiste en proteger al anciano y evitar que se pueda perjudicar a sí mismo con decisiones inadecuadas con relación a sus intereses patrimoniales y a la atención de sus necesidades.

 

Causas de incapacitación judicial en la tercera edad y procedimiento

Según el Código Civil, son causa de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma.

La persistencia de la enfermedad indica que no se trata de una situación transitoria o temporal. Para demostrar que el anciano tiene una demencia, enfermedad física o psíquica que le impide cuidar de sí mismo, se ha de hacer un dictamen pericial médico acordado por el tribunal.

Para ello se llevan a cabo varias pruebas:

Una prueba documental que consta de informes médicos y sociales, certificado de discapacidad y cualquier otro que sea relevante.

A fin de evaluar la competencia de una persona con demencia, existe el documento Sitges. En este informe se valoran cinco aspectos: capacidad y autogobierno, toma de decisiones en el ámbito personal y patrimonial, condiciones neurológicas necesarias para la toma de decisiones, exploración de las condiciones neurológicas y correlación entre el estado neurológico y la capacidad para tomar decisiones.

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También se lleva a cabo una audiencia de los parientes próximos o con especial relación con el anciano. Se les preguntará sobre la situación de la persona y su presunta incapacidad.

Se debe realizar una exploración del anciano por un médico forense que emitirá un informe acerca de cómo inciden su enfermedad o deficiencia en su capacidad de obrar.

Por último será el propio juez quien examine a la persona afectada, entrevistándose con ella a fin de formarse una opinión sobre su estado.

Finalmente se dicta sentencia sobre si se incapacita o no a la persona.

 

Consecuencias de la incapacitación

La persona incapacitada se le impide hacer por sí misma una serie de cosas. Algunas relevantes son que no puede casarse sin autorización, no puede comprar, vender, contratar personal, hacer un testamento, pedir un préstamo, realizar donaciones, votar, etc.

También se bloquean sus cuentas bancarias y se le puede internar en contra de su voluntad y sus bienes serán administrados por el tutor.

Viendo las consecuencias tan relevantes que tiene en el anciano la incapacitación, es necesario que haya una sentencia judicial que demuestre que la persona no puede gobernar su vida por sí misma.

En la misma sentencia dictada por el juez se nombra a un tutor del enfermo que administrará su patrimonio y se compromete a cuidar de él y a ocuparse de todas sus necesidades.

 

El papel del tutor

El tutor del enfermo puede ser una persona física como puede ser un familiar o un amigo, o bien una persona jurídica (asociaciones de familiares de Alzheimer, director de una residencia o fundaciones).

Hay fundaciones que no escogen a sus tutelados sino que se los asigna un juez. La tutela implica cuidar de la persona incapaz en los aspectos personales y en la administración de sus bienes sin ánimo de lucro.

La tutela está sometida a diversas medidas de control. Se ha de formalizar un inventario inicial de los bienes, se ha de rendir cuentas anualmente, se ha de obtener autorización previa para llevar a cabo operaciones económicamente importantes (la venta de un piso, por ejemplo) y se ha de presentar un balance final de cuentas.

 

 

 

Situación de personas dependientes en Cataluña

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El sistema público de servicios sociales prevé que las personas en situación de dependencia pueden tener acceso a determinados servicios sociales básicos y servicios sociales especializados.

En caso de que no sea posible la atención mediante algunos de estos servicios (públicos o concertados), se otorgarán prestaciones económicas vinculadas para la adquisición de servicios.

Servicios sociales básicos:

  • Servicio de atención domiciliaria. Incluyen servicios de tecnologías de asistencia, apoyo y cuidado, más popularmente conocidos como telealarma y teleasistencia.

Servicios sociales especializados para personas dependientes:

  • Servicios de prevención de situaciones de dependencia.
  • Servicio de valoración de la dependencia.

Servicios sociales especializados para personas mayores dependientes:

  • Centro de día para las personas mayores.
  • Centros residenciales para personas mayores

Servicios sociales especializados para personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios:

  • Servicios de promoción de la autonomía personal para personas atendidas en centros sociosanitarios.
  • Promoción de la autonomía personal para personas con dependencia atendidas en los centros psiquiátricos de larga estancia de la cartera de servicios sociales.

Servicios sociales especializados para personas dependientes con discapacidad:

  • Para discapacidad intelectual: centros de día de atención especializada, centros residenciales y a los servicios de terapia ocupacionales y de tiempo libre.
  • Para discapacidad física: centros de día de atención especializada, centros residenciales, apoyo a la autonomía al propio hogar, centros ocupacionales y un servicio de asistencia personal.
  • Para discapacidad sensorial. Las personas sordociegas con discapacidad tienen derecho a un servicio de asistencia personal y, además, las personas con discapacidad visual y discapacidades múltiples cuentan con un servicio de apoyo para la integración sociolaboral y personal.

Apoyo a los cuidadores no profesionales

  • Servicio de apoyo a los cuidadores familiares y otros cuidadores no profesionales.
  • Los cuidadores familiares o cuidadores no profesionales de personas con dependencia tienen disponibles un servicio de apoyo social basado en la atención, orientación, asesoramiento y formación de profesionales especializados.

Niños menores de tres años de edad con dependencia

  • Aunque la dependencia está estrechamente relacionada con el envejecimiento, puede darse en cualquier edad por enfermedad, discapacidad u otras limitaciones. El reconocimiento de la situación de dependencia de los niños menores de tres años se lleva a cabo sobre la base de la escala de valoración específica (EVE).
  • La Ley de Dependencia también protege a los niños menores de tres años de edad y sus familias y promueve acciones dirigidas a la rehabilitación de las capacidades físicas, intelectuales y mentales de los niños. Los menores de tres años que acrediten situación de dependencia pueden acceder a varios beneficios económicos y servicios sociales para mejorar su calidad de vida y la de su familia.

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PRESTACIONES ECONÓMICAS

  • Prestación económica vinculada al servicio. Es una prestación personal y periódica, que está sujeta al grado y nivel de dependencia y a la capacidad económica de la persona beneficiaria. Se destina a cubrir los costes de los servicios previstos en el programa individual de atención (PIA) cuando no es posible la atención por parte del servicio público o concertado por falta de disponibilidad. Estos servicios son los siguientes:
    • Atención domiciliaria.
    • Centro de día.
    • Centro residencial.
  • Prestación económica para cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Siempre que se den las circunstancias familiares adecuadas y manera excepcional, el beneficiario de esta prestación puede optar a ser atendido por su entorno familiar y la persona que le cuida recibe una compensación económica.
  • La asignación de este servicio se establece en base al programa individual de atención (PIA) y está sujeto al grado de dependencia y capacidad económica de la persona receptora. El cuidador debe recibir programas de formación, información y descanso.
  • Prestación económica para el asistente personal.

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COPAGO

La Ley de Dependencia establece que la persona beneficiaria tiene que pagar una cuota mensual cuando disfruta de un servicio. Es lo que se conoce como copago. La cantidad que debe pagar no es una cantidad fija, sino que depende de la capacidad económica de la persona beneficiaria.

El cálculo de la capacidad económica de los usuarios se lleva a cabo con arreglo a las disposiciones de la Orden BSF/130/2014, de 22 de abril, por la que se establecen los criterios para determinar que la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios.

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INTEGRACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES

En Cataluña, la Ley de Dependencia está integrada en la Ley de Servicios Sociales y ha derivado en el Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia, integrado en el sistema público de servicios sociales.

De esta manera, la red de atención a personas con necesidades sociales también atiende a las personas con dependencia.

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COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

Cataluña cuenta con una red de servicios sociosanitarios de uso público.

En este sentido, el Departamento de Bienestar Social y Familia y el Departamento de Salud, a través del Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (PIASS), trabajan de manera coordinada para lograr la aplicación efectiva de un sistema integrado de atención entre servicios de salud y sociales, que aseguren el continuum asistencial, con la atención centrada en la persona, integral e integrada, eficiente y de calidad.

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Más información de interés: http://dixit.gencat.cat/es/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_amb_dependencia/

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